Capturan a mujer nicaragüense y su hijo por manejar una red de prostíbulos en Costa Rica

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Una nicaragüense de apellidos Chavarría Sevilla, un hijo suyo y un dominicano, fueron capturados por Oficiales de las autoridades por liderar una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en nueve burdeles distintos en Costa Rica.

Los operativos fueron ejecutados en Zona Norte, Guanacaste, Cartago y San José donde se logró detener a la pinolera y su cónyuge dominicano, quienes estaban en compañía de 17 mujeres en la pensión Latin Divas VIP ubicada en el barrio Amón de la capital.

La investigación inició luego de que detectaron que mediante anuncios en redes sociales captaban a las víctimas en su mayoría de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero.

La Policía logró demostrar que esta red criminal, integrada por nueve delincuentes más, trasladaba a las féminas a los nueve establecimientos que mantenía en todo el país, con la estructura adecuada para que brindaran el servicio sexual.

Por los encuentros sexuales cobraban el equivalente de entre 7 y hasta cientos de dólares, y hacían hasta 6 servicios sexuales diarios de acuerdo con el perfil y petición del cliente, que consistía en trasladar a la víctima a un lugar solicitado.

Asimismo, la banda las sometía a permanecer en los establecimientos bajo e coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización de los ahora imputados, y en ocasiones eran obligadas a consumir drogas.

Las mujeres eran despojadas de sus documentos excepto con autorización de los líderes, por lo cual pasaban encerradas en los locales a la espera de clientes.

Entre las explotadas sexualmente estaban menores de edad y mujeres hasta los 33 años de nacionalidades nicaragüenses, colombianas, dominicanas, panameñas, mexicanas y costarricenses.

La red criminal contaba con un alto nivel económico, a pesar de la pandemia por Covid-19 seguía laborando de forma clandestina en locales comerciales que tenían orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud de Costa Rica.

A los ahora imputados los presentarán ante los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de trata de personas.

Esta actividad delictiva se encuentra normada por el Código Penal de Costa Rica, con penas de prisión de 8 a 16 años con los agravantes relacionados.

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